El quehacer de las instituciones de educación superior abarca diversas dimensiones: investigación y desarrollo, docencia y extensión, cada cual con sus características y necesidades, a las que los instrumentos públicos de financiamiento deben adecuarse.

Creemos necesario balancear el financiamiento, disminuyendo el peso de los aranceles y generando nuevos aportes directos a las instituciones para las áreas de investigación y desarrollo. Asimismo, se deben establecer incentivos directos a carreras y programas estratégicos para el desarrollo del país.

Nuestra propuesta de financiamiento incluye las siguientes medidas:

  • Crear el Fondo Nacional para la Investigación y el Desarrollo, que se compondrá de aportes basales renovables cada 10 años (acorde a la presentación de proyectos de interés para el país), además de fondos concursables.
  • Crear un Subsidio a las Carreras de Interés Público. Este aporte debe ser mayor para aquellas de mayor interés y valor estratégico para el país, como las carreras de educación parvularia, medicina y algunas técnicas. Esta medida permitirá bajar los aranceles y el endeudamiento de estudiantes.
  • Mantener los aportes a la demanda, así como la gratuidad, la que debiera alcanzar al 60% de los alumnos y alumnas de los niveles socioeconómicos más pobres.

Creemos que es importante avanzar en la gratuidad, pero al año 2030 nos parece inviable ampliarla más allá del 60%. En términos financieros, aumentar la cobertura sumando nuevos deciles implicaría un costo adicional de 1.300 millones de dólares. Al mismo tiempo, hemos señalado la urgencia de “ordenar la casa”, es decir, invertir los recursos del país en un sistema regulado y de altos estándares de calidad.

Por último —tal como señalamos en nuestro documento anterior—, creemos que en este escenario de recursos escasos y necesidades múltiples es importante priorizar. Nuestra posición está acorde a la evidencia internacional: la prioridad debe ser la primera infancia y avanzar gradualmente en los otros niveles.

  • Mientras la gratuidad no aumente su cobertura, será necesario contar con un nuevo sistema de Créditos para la Educación Superior (CES) que no opere a través de la banca privada y asegure financiamiento sin cláusulas abusivas. En base a la experiencia internacional, proponemos que este sistema sea accesible para estudiantes de instituciones acreditadas —que debieran ser TODAS—, administrado por una agencia estatal, entregado por el monto real de los aranceles, con cuotas que no representen más del 10% de los ingresos, cobrado vía descuento por planilla o pago en la declaración de renta, que no constituya deuda y con un plazo máximo de 15 años, tras lo cual la deuda expira.
  • Creación del Consejo de Financiamiento de la Educación Superior (COFES): una agencia estatal autónoma, responsable de la administración de todos los instrumentos de financiamiento público, incluida la fijación de los aranceles de referencia. A modo de ejemplo, en Inglaterra existe el Higher Education Funding Council for England (HEFCE), un cuerpo público y autónomo, responsable de entregar los recursos estatales a las universidades y colleges. Esta nueva institucionalidad debe contar con profesionales y técnicos escogidos por Alta Dirección Pública.

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