Hace casi 30 años se instauró en nuestro sistema de educación superior una lógica de funcionamiento mercantil, desregulada y de escasa planificación. Desde entonces, se han creado cientos de instituciones de la más diversa calidad y otras tantas han cerrado, casi siempre por problemas administrativos y financieros, arrastrado consecuencias para sus estudiantes. A esta escasa regulación se suma la falta de coordinación de las políticas públicas del sector. Esto sólo alimenta el desorden del sistema.
El sistema requiere de la creación de una Superintendencia de Educación Superior, responsable tanto de la supervigilancia del funcionamiento administrativo, contable y financiero de las instituciones del sector, como del cumplimiento de las dimensiones del derecho a la educación acordado (acceso, calidad, duración, protección financiera, entre otros).
Al crear un canal de denuncia y reclamos, se resguardarán los derechos de las comunidades educativas. Por otra parte, las IES deben ser parte activa del ordenamiento, disponiendo de prácticas de transparencia activa y convirtiendo a las propias comunidades en fiscalizadoras.
Además, es necesario que el Estado cuente con un organismo articulador de las políticas públicas de este nivel educativo. La creación de una Subsecretaría de Educación Superior que trabaje de manera articulada con las IES es clave. Una de las tareas de este organismo sería la ampliación del Sistema de Información de Educación Superior, que genere difusión para nutrir la toma de decisiones en materia de políticas públicas.
