Nuestra educación pública tiene problemas graves a nivel de cobertura, gestión y calidad. Hoy representa sólo el 36% de la matrícula escolar, una cifra bajísima en comparación al promedio de la OCDE, que supera el 80%.

Los resultados de aprendizaje de los colegios públicos son bajos y su calidad está afectada por graves problemas de gestión y financiamiento, ya que los municipios —responsables de su provisión— muchas veces carecen de los recursos y capacidades técnicas para garantizar el derecho a una educación de calidad.

Es urgente fortalecer la educación pública, que encarna los valores culturales y ciudadanos que compartimos más allá de nuestro origen, ingresos o vicisitudes personales. Que cada barrio de Chile tenga un colegio público de calidad es la mejor respuesta a la segregación del país, asegurando mayores niveles de pluralismo y convivencia.

Actualmente, el Congreso discute la “Ley de Nueva Educación Pública”. A continuación, compartimos nuestras propuestas, que recogen los principios del proyecto e incluyen elementos que a nuestro juicio están ausentes y son fundamentales para asegurar su correcta implementación.

Proponemos una Estrategia Nacional de Fortalecimiento de la Educación Pública, que incluya las siguientes medidas:

A) Crear una institucionalidad específica que se haga cargo de la educación pública, que cuente con equipos profesionalizados y especializados, con al menos dos niveles:

  • Nivel central: Dirección o Servicio de Educación Pública (o símil). Su rol será liderar la estrategia de fortalecimiento, evaluar y rendir cuentas sobre su implementación. Además, deberá generar políticas e iniciativas de apoyo y coordinar a las entidades locales que están a cargo de los establecimientos educacionales.
  • Nivel Local: crear entidades locales descentralizadas que administren los establecimientos educacionales de un territorio, responsabilidad que hoy recae en los municipios. Como en todos los países de la OCDE, la responsabilidad esencial es y debe seguir siendo de nivel local y no central. Las entidades locales deberán contar con sistemas de apoyo para acompañar a los colegios en el plano administrativo, financiero y técnico pedagógico.

B) Plan de transición al nuevo sistema: la implementación de esta nueva institucionalidad supone un cambio de gran envergadura para todos los actores del sistema educativo, por cuanto se requiere gradualidad, preparación, evaluación del proceso y ajustes.

Creemos necesarias las siguientes medidas:

  • Plan de apoyo e incentivos para los municipios en el tránsito hacia la nueva institucionalidad, que asegure el funcionamiento de los colegios durante el período transitorio, además del saneamiento de deudas de los municipios. Este plan deberá incluir un diagnóstico riguroso sobre el estado de la educación pública, que entregue una mirada general (nivel país) y específica (nivel municipal) y de cada establecimiento educacional.
  • Planes de instalación y preparación para TODOS los servicios locales, que incluyan la formación intensiva de los equipos que se harán cargo del servicio, la preparación previa para recibir a los colegios, el acompañamiento durante el primer período de arranque y la evaluación y seguimiento de la implementación.

C) Modificación y extensión del Fondo de Apoyo a la educación pública, FAEP:

  • Extender su duración durante todo el periodo de implementación de la Estrategia Nacional de Fortalecimiento de la educación pública, sujeto a renovación para ciclos sucesivos.
  • Flexibilizar la gestión del fondo, permitiendo una planificación y ejecución de los recursos a mediano plazo (de la anualidad hacia una gestión bi o trianual).

¿Te gustó esta propuesta? Compártela en tus redes

Leave a Reply