Chile ha estrangulado a sus instituciones estatales de educación superior, en lo financiero y administrativo, dificultándoles la gestión. Nuestras universidades públicas funcionan como ministerios, con normativas y rigideces anquilosadas, que les dificultan el desarrollo.
Nuestra propuesta es modificar la institucionalidad y el gobierno de las universidades estatales, flexibilizando su administración y garantizando su rendición de cuentas.
Una vez descongestionada la burocracia, el Estado debe expandir su oferta de educación superior, a nivel universitario y técnico profesional, ya que su presencia actual es casi nula.
La fórmula no es dar financiamiento preferencial a la demanda de los estudiantes (que debería ser idéntico al de las universidades privadas), sino a través de un fondo de financiamiento basal, junto a convenios de desempeño a largo plazo.
Esto no implica “privilegiar” a las entidades del Estado, sino reconocer su responsabilidad con las instituciones que dependen de él. Asimismo, será necesario crear una red de instituciones de educación superior (IES) estatales que desarrollen proyectos estratégicos para el país, a nivel nacional y regional, incluso en cooperación con entidades privadas.
