Según PISA, Chile es el segundo país con mayor nivel de segregación educativa. Nuestros niños, niñas y jóvenes estudian en colegios segmentados por su nivel socioeconómico y académico, asociado a la capacidad de pago de sus familias.

La Ley de Inclusión es un logro que permitirá en el mediano plazo contrarrestar la segregación socioeconómica, generando condiciones en el sistema para que sean los estudiantes y sus familias quienes escojan su colegio y no al revés.

Establecer un sistema de información sobre la ley de inclusión eficiente y transparente.

Disminuir la segregación es un desafío que implica un cambio cultural profundo en las comunidades educativas y la sociedad completa. Por tanto, se debe hacer un esfuerzo por reducir la incertidumbre e informar de manera amigable sobre los alcances de la ley y las nuevas condiciones del sistema educativo.

Este sistema debiera funcionar como un canal para realizar consultas o solicitar información sobre los colegios que cambian de particular subvencionados a otro estatus, las instituciones que cierran, el nuevo sistema de admisión y otros aspectos claves.

Ajustes administrativos y financieros:

  • Tramitar una ley corta que resuelva problemas que surgen con el fin al lucro. Específicamente respecto de la normativa sobre compra y arriendo de inmuebles proponemos permitir a los sostenedores que lo deseen el arriendo a precios regulados de inmuebles donde funcionan las escuelas, por un plazo indefinido.
  • Definir plazos y apoyos a sostenedores que quieran sumarse al sistema sin copago y sin lucro, que enfrenten dificultades financieras por los cambios de la ley. Por ejemplo, por las restricciones en el tipo de gastos que ahora pueden realizar o el congelamiento de los montos del copago.

¿Te gustó esta propuesta? Compártela en tus redes

Leave a Reply